Ya está disponible la revista con el programa de ferias y fiestas de Segovia de 2022. En los próximos días se repartirá por los establecimientos de Segovia.
Programa Ferias y Fiestas Segovia 2022
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha anunciado este lunes la reducción de subvenciones a sindicatos, patronal y agentes sociales en general por importe de más de 20 millones de euros. Apenas un mes después de su constitución, el Gobierno de coalición empieza así a cumplir uno de los puntos estratégicos del acuerdo de legislatura, consistente en recortar de manera significativa el gasto público vinculado a la participación institucional de los agentes económicos y sociales, así como la supresión de todas aquellas subvenciones que no acrediten un destino y utilidad para los ciudadanos. También se implementarán mejoras de la eficiencia del gasto, mediante la transformación en concurrencia competitiva de las subvenciones directas gestionadas por los mismos actores y que no estén afectadas por las anteriores medidas.
Según indicó el vicepresidente en rueda de prensa, el objetivo de la Junta para el próximo presupuesto 2022-2023 pasa por reducir en no menos de un 50% el dinero público que reciben los agentes sociales en Castilla y León. La primera Consejería en dar forma a este compromiso es la de Empleo, Comercio e Industria, con un plan de recorte pionero en España que revisa todas las partidas públicas entregadas a los agentes sociales. El titular de la Consejería, Mariano Veganzones, se encargó de detallar junto a García-Gallardo tanto los conceptos que se recortan a la mitad como los que desaparecen.
Mariano Veganzones, Consejero de Industria, Comercio y Empleo
Los 4.000.000 de euros que hasta ahora han recibido CCOO, UGT y CEOE en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional en Castilla y León quedarán rebajados a la mitad en el próximo presupuesto. Las subvenciones directas para diálogo social y prevención de riesgos laborales, otros 3.600.000 millones de euros que también recibían CCOO, UGT y CEOE, se suprimen por completo. El dinero ahorrado se invertirá en una mayor dotación de personal en las Oficinas Territoriales de Trabajo que realizan esta misma función.
También se eliminan al 100% las subvenciones, 160.000 euros, a las cuatro cátedras relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales.
Otro capítulo de dinero público dedicado hasta ahora a agentes sociales que se revisa es el de las subvenciones para la realización de actuaciones en el marco del Servicio Público de Empleo. En concreto, 12.000.000 para acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 800.000 euros para acciones orientadas a trabajadores ocupados y 925.000 para la integración social y laboral de la población inmigrante. Casi 14.000.000 de euros con los ahora se promoverán cursos de formación con compromiso de contratación diseñados por las propias empresas, lo que garantiza su adecuación a las necesidades del mercado laboral.
En total, con el primer programa de ajuste que ayer presentó el vicepresidente de la Junta los agentes sociales de Castilla y León dejarán de recibir 20 millones de euros pagados por los contribuyentes, con el compromiso de invertirlos en políticas sociales de atención prioritaria, que ayuden a los ciudadanos en un momento de particular dificultad económica como la que atraviesa España.
Para García-Gallardo este es un acuerdo sobre el que el Gobierno de coalición ha mostrado “su absoluta convicción” al tratarse de uno de los puntos que suscribieron tanto PP y Vox para la conformación del Ejecutivo. El vicepresidente –además– ha subrayado que con esta medida se empieza a cumplir el compromiso de recortar “en al menos un 50% el gasto público institucional que no acredita su beneficio para los ciudadanos” y ha destacado que “el montante ahorrado se destinará a políticas sociales de atención prioritaria”.
Por su parte, el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha detallado los diez ejes que vertebran esta primera reducción de las subvenciones a sindicatos, patronal y demás agentes sociales de más de 20 millones de euros. Veganzones ha puesto el foco en “la alta demanda de los cursos de formación diseñados por las propias empresas con compromiso de contratación de al menos el 50 por ciento de los alumnos”.
Fuente: Junta de Castilla y León
(Las estimaciones para Segovia, en concreto para la Federación Empresarial Segoviana, puede suponer, salvo error u omisión, aproximadamente una reducción de aproximadamente 500.000.- euros.)
La Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS) ha mantenido una reunión con el Concejal de Tráfico, Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Segovia.
En dicha reunión se abordó la implantación de las Zonas de Baja Emisión en nuestra capital.
De acuerdo con el artículo 14.3 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, “se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente”.
Por tanto, se trata esencialmente de un cambio en la regulación, que puede o no ir acompañado de cambios físicos en el entorno urbano para potenciar un cambio en el modelo de movilidad, con mejoras para los modos más sostenibles.
Esta implantación repercutirá en el tráfico rodado en buena parte del recinto amurallado de Segovia. Consecuentemente el acceso a la zona por parte de los consumidores que pretendan acceder mediante vehículo tradicional se verá afectado.
Las Zonas de Baja Emisión han de estar implantadas antes del año 2023.
“Confiamos en que esta nueva actuación en el recinto amurallado sea consensuada con el sector y el Ayuntamiento tenga en cuenta la importancia del sector, tanto para los residentes de la zona como para el resto de los consumidores que acceden al recinto amurallado para realizar sus compras”, concluye el presidente de ACS, Manuel Muñoz.
ACS, junto con el resto de las organizaciones de comercio que conformamos Conferco, se reunió en el día de ayer con la nueva directora general de comercio de la Junta de Castilla y León María Pettit.
En esta extensa reunión se tuvo la oportunidad de abordar cuestiones de vital importancia para el sector comercio de Castilla y León.
Las organizaciones de Conferco pudieron trasladarle de primera mano las inquietudes y necesidades que el sector tiene en estos momentos y que han de abordarse para encarar el futuro del sector con solidez y solvencia.
Por parte de la directora general hubo gran receptividad y trasladó a las organizaciones de Conferco que el sector comercio es un sector de vital importancia para la economía de nuestra comunidad autónoma y que desde la Junta de Castilla y León se va a trabajar para que sea un sector de primer orden en nuestra economía regional sin perder de vista la gran importancia social que representa para nuestras poblaciones.
Para ello contará con Conferco y sus asociaciones en el diseño y puesta en marcha de planes de actuación de mejora para el sector.
OPERATIVA: Los participantes comprarán en los establecimientos de Segovia y su provincia desde el 5 DE JUNIO AL 31 DE JULIO, introducirán la foto de los tickets/facturas en la web www.decomprasporsegovia.com y guardarán los tickets de compra.
REQUISITOS:
Comprar en los establecimientos de Segovia en las fechas establecidas e introducir una foto del ticket de la compra en la web www.decomprasporsegovia.com.
Los tickets/facturas habrán de ser guardados para comprobar su veracidad.
Fechas de la promoción:
PREMIO:
Aunque hasta dentro de “breves días” no se conocerá la letra pequeña del nuevo proyecto anunciado por Yolanda Díaz, consistente en “un nuevo algoritmo desde Inspección de Trabajo para fiscalizar las horas extra”, en particular para perseguir las que no se pagan a los trabajadores, las alarmas ya han saltado en las principales asociaciones empresariales. La nueva medida puede golpear a la línea de flotación de la recuperación económica de España: los sectores del turismo y la hostelería.
La iniciativa fue desvelada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo el viernes en la Cumbre Internacional de la Semana de Cuatro Días, que se ha celebrado en Valencia. Un foro en el que han participado miembros del Gobierno, sindicatos, catedráticos de universidad, ONGs, partidos políticos del Reino Unido, economistas e, incluso, el Parlamento Europeo. Pero al que no fueron invitadas las empresas ni sus patronales.
Salvador Navarro, vicepresidente de la CEOE y presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), parte de la base de que “siempre se intenta controlar más a la empresa, y eso es contraproducente”, y critica la “falta de empatía hacia la parte empresarial”.
“Todas las propuestas que vengan en cuanto al algoritmo, si es con las tres partes sentadas [en referencia a Gobierno, patronal y sindicatos], se pueden discutir. Pero así no”, dice taxativamente Navarro.
Quienes más deberían temer lo que salga de la última configuración laboral-empresarial de Díaz son las empresas del sector servicios. Así lo cree Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA): “Donde existe el problema de las horas extra no abonadas es en la mediana y en la gran empresa, muy ligadas al turismo, así como en aquellas donde no se controla con los mecanismos de protección sindical”.
Dos años y un trimestre después del inicio de la pandemia, precisamente el sector servicios es con el que más se juega España su recuperación económica. De hecho, la última Semana Santa ha servido de punto de retorno a los niveles preCovid y ha dado el pistoletazo de salida a una temporada veraniega que se antoja prometedora. Es por eso que la letra pequeña y el timing del algoritmo anunciado por Díaz preocupan -y mucho- a los empresarios.
Como recuerda Abad, “en el mundo de la hostelería sigue habiendo verdaderos explotadores. No entiendo que un negocio hostelero tenga a un empleado trabajando 12 horas y que no le pague las 12 horas. Hay que repartir la riqueza que se produce”, defiende.
Máxime cuando, “en época de crisis pandémica, ha sido el sector más mimado y, con diferencia, el que más ayudas ha recibido”. En esta Semana Santa se ha vuelto al nivel de facturación previa a 2019.
En última instancia, ilustra el presidente de UPTA, lo que está en juego es el “concepto de país”. “Si hay trabajadores con menos poder adquisitivo, a los primeros que no van a consumir luego esos trabajadores será a los pequeños comercios”. Y, recordemos, España sigue siendo un país de pymes.
“Hay sectores donde los trabajadores sabemos perfectamente que no están sujetos al horario inicial indicado. En servicios, sobre todo”, reitera Abad, para quien “todo lo que sea que alguien trabaja más horas de las que le pertenece por contrato, tiene que ser remunerado por ellas y tienen que ser catalogadas como horas extra”.
A su juicio, el algoritmo no sería una catástrofe, como no lo fue el registro horario en las empresas “a pesar de que todo el mundo decía que iba a ser un desastre”.
En lo tocante a la jornada laboral de cuatro días, o 32 horas semanales, la ministra de Trabajo abogó en el citado foro por una flexibilidad “a la nórdica”, como bolsas de horas acordadas entre trabajador y empresa o excedencias formativas.
En este sentido, Navarro, de CEOE-CEV, considera que una jornada laboral de cuatro días como está planteada es “muy complicado que suceda por la composición empresarial que hay en nuestro país”. Según estimaciones de la patronal, las 32 horas semanales implementadas de forma rígida “aumentarían en un 20% los sobrecostes a las empresas”. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya dijo que ve en ella un debate “para ganar elecciones”.
Conferco, asociación a la que pertenece ACS, se ha reunido con la nueva Directora General de Comercio. En esta reunión Conferco le trasladó la importancia que tiene el sector, las amenazas a las que se enfrenta y la necesidad que tiene de actuaciones concretas por parte de la Administración.
Desde la dirección general se trasladó a Conferco que el sector comercio es de vital importancia en nuestra comunidad autónoma y que será prioritario dentro de las políticas de actuación en esta legislatura.
Ambas entidades se han emplazado para que en breve se trabaje en propuestas concretas de actuación para el Sector.
CONFERCO está compuesta por las 9 organizaciones provinciales representativas del sector comercio en Castilla y León y está integrado en la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO y en CEOE CASTILLA Y LEÓN, CEOE y CEPYME.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social enviará a partir de hoy cartas a más de 83.600 empresas sospechosas de estar haciendo un uso irregular de contratos fijos-discontinuos y de contratos temporales, según fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por Europa Press.
En concreto, se va a proceder al envío de tres remesas de cartas, dirigidas a más de 83.600 empresas en sectores vinculados a la estacionalidad y que afectan a 199.800 trabajadores. El incumplimiento de la norma que regula la contratación temporal convertirá al trabajador en indefinido. Además, con la reforma, las sanciones por el uso fraudulento de la contratación temporal se han elevado desde un máximo de 8.000 euros a un máximo de 10.000 euros y se aplican por cada trabajador en fraude y no por empresa, como antes.
La nueva legislación laboral ha tenido ya un efecto claro en las cifras de empleo Así, ha aumentado la contratación indefinida (325,8% interanual) y se ha reducido la temporal (-37% interanual). La mayor subida se produce en los contratos fijos discontinuos (207.288), que se incrementan en un 158,98% con respecto al mes anterior y los indefinidos (512.967), que lo hacen en un 58,28%, mientras que los temporales (751.447) disminuyen un 35,11%.
Sin embargo, el Observatorio trimestral del mercado de trabajo elaborado por Adecco Group Institute, que recoge estos primeros efectos de la reforma laboral, indica que “la ratio de rotación de contratos en los fijos discontinuos ya es mayor que la correspondiente a los contratos temporales, lo que parece ser un efecto indeseado, pero no imprevisto, de la reforma laboral”,
En concreto, la ratio de rotación para los contratos fijos discontinuos en abril fue de 32,38%, es decir, un incremento de 10,79 puntos porcentuales con respecto a marzo, mientras que para los temporales fue de un 15,64%, disminuyendo 14,4 puntos frente al mes anterior, y para los indefinidos del 5,09%, un 1,66 puntos más.
Según el director del Adecco Group Institute, Javier Blasco, es un hecho que la nueva ley está transformando ya el mercado; pero también hay bastante consenso en que aún tendrán que pasar varios meses para ver si la generalización del contrato indefinido –ordinario y, sobre todo, fijo discontinuo– producirá estabilidad y acabará con la precariedad.
Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/25/economia/1653504016_947301.html
La Agrupación de comerciantes Segovianos ha estado presente en la presentación que hizo el Ayuntamiento de este Plan. Este Plan titulado “Segovia Fluye” ya ha sido presentado por el Ayuntamiento al Ministerio y entre sus objetivos figura el de “Rehabilitar el tejido comercial”. ACS colaborará con el Ayuntamiento de Segovia en la mejora de tejido comercial del Municipio.
Como ya habrás tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, el Ministerio de Trabajo va a iniciar una campaña tendente a detectar fraude en la realización de contratos fijos discontinuos. Esta modalidad de contratación ha aumentado desde la entrada en vigor de la nueva normativa en materia contractual y no constituye una modalidad contractual temporal al uso.
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