Representantes de la Confederación de Comercio de Castilla y León (CONFERCO) se han reunido con sus homólogos de la Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón (CEMCA) para plantear unas líneas comunes de defensa del pequeño comercio. La situación del pequeño comercio en ambas Comunidades es similar, sujetas a una gran competencia de las grandes superficies, la venta online y venta directa de fabricantes, la grave despoblación y el envejecimiento que afecta a ambos territorios, así como la falta de apoyos institucionales.

Las dos Confederaciones han abordado la necesidad de digitalizar y modernizar los comercios adecuarse a las necesidades de la sociedad. El presidente de CONFERCO, Adolfo Sainz, ha recordado a los aragoneses que en “los diez últimos años, el 25% del pequeño comercio en Castilla y León ha cerrado y son datos muy duros”. Consciente de que la problemática se extiende a Aragón, Sainz ha manifestado su negativa “a que cierre ningún pequeño comercio” y ha asegurado que CONFERCO “trabaja para intentar parar esta sangría”. Por su parte, el presidente de CEMCA, Rodolfo Bernad, ha mantenido que “este encuentro es el lugar idóneo para hablar de temas que nos afectan en común como la despoblación y el comercio de proximidad, que se encuentra muy desprotegido en estas regiones, para llegar a posibles acuerdos y tomar soluciones”.

Con esta sinergia entre comunidades autónomas que suponen el 40% de los municipios de toda España con más de 3.000, Bernad considera que es posible “dotar de medios en las zonas rurales envejecidas y afectadas por la despoblación, procurar facilitarles la digitalización y conseguir una serie de objetivos que permitan que estos comercios se puedan ir defendiendo y mejorando su capacidad de oferta”.

En el transcurso de la reunión se han adoptado los siguientes acuerdos: la elaboración de un manifiesto en defensa del modelo comercial español/mediterráneo cuyo elemento fundamental es la tienda, elaborar una serie de propuestas para trasladarlas a los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones europeas para que trasladen la problemática del comercio español y por último apoyar la propuesta de la Confederación Española de Comercio trasladada al Ministro de Economía para que mantenga la estructura de Comercio Interior en su departamento.

La Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón (CEMCA) está constituida por la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS), la Sección Comercio y Servicios de CEOS-CEPYME y la Asociación Interprovincial de Comercio de Teruel. La Confederación de Comercio de Castilla y León (CONFERCO) integra a las nueve organizaciones que representan al sector de las nueve provincias de la Comunidad. CONFERCO pertenece a CEOE Castilla y León y está formada por León es Comercio, de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), por la Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (AESCO), por la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos (FEC Burgos) y la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria). Además, pertenecen a CONFERCO la Federación del Comercio Palentino (FECOPA), la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS Segovia), la Federación Abulense de Empresarios de Comercio (FAEC), la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio (AZECO) y la Agrupación Vallisoletana de Comercio (AVADECO).

 

El estudio «Compras online en España. Edición 2023», realizado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), revela que el 83,1% de usuarios en España optaron por realizar compras online, confirmando la tendencia de crecimiento significativo que el comercio electrónico en España ha experimentado tanto en el aumento del número de usuarios como en el volumen de transacciones.

El estudio, que incluye datos procedentes de una encuesta realizada en agosto de 2023 a cerca de 3.000 usuarios españoles, así como opiniones de expertos en el sector, entre los que se encuentra Rubén Bastón, director de Marketing4eCommerce, estima que hay 33,6 millones de personas usuarias de Internet en el país, de las cuales 27,9 millones realizan compras en línea. Esto evidencia un incremento notable con respecto a 2022 cuando se registraron 26,9 millones. Este aumento en el volumen de transacciones se tradujo en un gasto total online de 85.332 millones de euros, lo que representa un crecimiento de más de 15.000 millones de euros en comparación con el año anterior. Por su parte, el uso de dispositivos móviles para realizar transacciones en línea es dominante, con un 73% de los compradores afirmando haber utilizado teléfonos inteligentes para realizar compras en al menos una ocasión. Además, la influencia de las redes sociales en las decisiones de compra está en aumento, siendo utilizadas por un 13,5% de los compradores.

A fin de mejorar la experiencia del cliente, permitir que este conozca mejor los productos y obtenga una información más útil sobre estos, el eCommerce está poniendo el foco en el desarrollo de tecnologías emergentes. Este es el caso de la Realidad Virtual o de la Realidad Aumentada, que permiten una experiencia inmersiva y un mayor acercamiento al producto.

“Las barreras tecnológicas son el impedimento más relevante, seguido de la falta de recursos y la falta de presupuesto para desarrollar e implementar soluciones”, explica Belén Acebes, directora de Marketing e Investigación de IAB Spain. Romper con estas barreras y lograr su democratización será clave para prestar mejores servicios.

Articulo: Marketing4ecommerce-Maria Bastero

Foto: Leelo The First

España presenta una situación sensiblemente más desfavorable que la media europea y que la OCDE en cuanto a presión fiscal normativa. Además, la presión fiscal efectiva en nuestro país es, cada año, más cercana a la media de la UE y elevada si se sitúa en un contexto internacional. Si para la comparativa internacional se utiliza el indicador de esfuerzo fiscal, España también se sitúa claramente por encima del de la media de la UE, siendo una de las grandes economías avanzadas que mayor esfuerzo fiscal realiza.

Esta presión fiscal se concentra especialmente en el sector empresarial con unos indicadores de presión fiscal efectiva y normativa muy superiores a la media de la UE y de la OCDE. Prueba de ello es que la proporción de la recaudación total procedente de las empresas es mucho mayor en España que en la UE. Como conclusión, España soporta una presión fiscal normativa muy superior a la media europea, con especial incidencia en la fiscalidad empresarial, o, lo que es lo mismo, cuenta con un sistema fiscal más ineficiente y distorsionante que penaliza el ahorro y la inversión.

En nuestro país, las medidas de incremento de los tributos al ahorro y a las empresas se pretenden justificar, además de en la pretendida diferencia de presión fiscal con la media de la Unión Europea, que los datos aportados en este informe abrumadoramente demuestran que no es tal, en la necesidad de reducción del déficit, además de emplear argumentos de redistribución de la riqueza, sosteniendo que los grandes patrimonios pagan pocos impuestos.

Sobre el objetivo de reducción del déficit, lo cierto es que una de las peores decisiones que puede tomar el Gobierno, en un momento como el actual, es la de subir los impuestos, en general, y al sector empresarial, en particular, ya que las alzas impositivas deprimen la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que necesitamos, y deterioran las expectativas de los agentes provocando una degradación de la confianza, que es el pilar fundamental sobre el que apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Por otro lado, la vuelta a la senda de equilibrio presupuestario, tras la pausa acordada duran[1]te la crisis motivada por la pandemia, hace temer que se pretendan corregir los equilibrios mediante la subida de impuestos adicionales, lo que empeorará nuestra competitividad fis[1]cal aún más.

En este contexto, y para mantener el equilibrio presupuestario, es prioritario acometer nuestra gran reforma estructural pendiente: la de optimizar la eficiencia del gasto público, y no realizar subidas impositivas adicionales que comprometen el crecimiento y, por lo tanto, la consolidación presupuestaria ulterior. Así, gran parte del gasto público estructural no se debe tanto a mejores prestaciones públicas a los ciudadanos, sino a mayores ineficiencias.

La única forma de aumentar nuestra recaudación impositiva, de forma sostenible, pasa por favorecer la recuperación de la actividad. Para ello nuestro objetivo debería ser la consecución de una fiscalidad competitiva y equiparable con nuestro entorno que favorezca la actividad, la inversión empresarial y el empleo, además de mitigar nuestra excesiva tributación del capital, en general, y sobre la empresa, en particular.

Fuente: Instituto de Estudios Económicos

En un esfuerzo por preservar, revitalizar y promover el desarrollo sostenible de los centros históricos, se ha destacado, en dicha reunión, la importancia crucial del comercio minorista y la presencia de una población residente activa en el recinto amurallado.

El comercio tradicional actúa como motor económico local, generando empleo tanto directa como indirectamente, así como fomentando la contratación de proveedores locales.

La presencia de una población residente en el recinto amurallado también es esencial para su conservación y vitalidad. Los residentes locales tienen un interés personal en mantener y preservar los edificios históricos y la arquitectura de sus barrios, lo que contribuye a la conservación del patrimonio cultural.

Además, promueven la vida comunitaria y la cohesión social al participar en actividades locales y eventos culturales, así como al apoyar la economía local al frecuentar los comercios minoristas y otros negocios establecidos en el área.

Para abordar los desafíos y garantizar la sostenibilidad de los centros históricos, se han propuesto una serie de acciones.

Entre ellas se incluyen medidas como la creación de consejos o comisiones de trabajo de los sectores interesados para realizar propuestas y seguimiento del recinto amurallado, y la implementación de bonificaciones fiscales para establecimientos con una determinada antigüedad en la actividad económica.

Además, se han propuesto acciones relacionadas con la dotación de servicios básicos, la mejora de las infraestructuras y el tratamiento de edificios y viviendas vacías para garantizar su ocupación y mantenimiento adecuados.

El respaldo y la implementación de estas medidas son fundamentales para garantizar la preservación, revitalización y desarrollo sostenible del recinto amurallado, asegurando que siga siendo un lugar habitable, vibrante y lleno de historia para las generaciones futuras.

La nueva normativa europea sobre morosidad y plazos de pago que actualmente se está tramitando recogía en su primera redacción el establecimiento de un plazo máximo de pago imperativo de 30 días para todas las operaciones comerciales.
Esta medida, realmente iba a generar serios problemas en el mercado ya que como ocurre con los bienes de baja rotación no se podrían pagar en 30 días bienes que tardan meses en vender y convertir en efectivo.
Quizás por ello, desde una visión global que recoja las necesidades de todos los intervinientes en las operaciones comerciales, los parlamentarios europeos votaron la aprobación del texto, el pasado 21 de marzo, que finalmente fue aprobado, pero acogiendo varias enmiendas de las formuladas, de modo que si bien se fija un plazo estándar de 30 días se permiten excepciones, tales como:
1- El plazo máximo de 30 días podrá verse ampliado a 60 días siempre que haya consenso entre comprador y vendedor y así se haga constar contractualmente.
2- La segunda excepción, y quizá la más importante por el número de bienes que se ven afectados, es la ampliación del plazo de pago desde un máximo de 30 a otro de 120 días para los productos de baja rotación a partir de la fecha de recepción de la factura.
Tras este paso, la aprobación de la norma pasa por una siguiente votación en el Plenario de la Eurocámara, que tendrá lugar entre el 22 y el 25 de abril y del cual dependerá su aprobación y la inclusión o no de otros cambios sobre el texto.

Fuente: Confederación Española de Comercio