El pago de impuestos de las compañías digitales ha sido un tema de debate recurrente entre las autoridades europeas.
La ausencia de un marco legal adaptado a las nuevas actividades de la economía 2.0 junto a la dificultad para delimitar sus actividades y las artimañas que los grandes imperios como Google, Amazon o Apple llevan a cabo para pagar lo mínimo en concepto de impuestos ha llevado a los gobiernos del Viejo Continente a aplicar mano dura.
La propuesta comenzó en Bruselas, donde la ya conocida como
“tasa Google” busca gravar los ingresos de estas compañías por servicios como la venta de espacios publicitarios, la venta de datos ofrecidos por los usuarios o las labores de intermediación y que afectará a aquellas empresas que facturen 750 millones de euros a nivel global y 50 millones en Europa.
Hasta ahora, la CE se ha limitado a investigar y poner coto, en la medida de sus posibilidades, a las grandes tecnológicas que recurren a países como Irlanda o Luxemburgo para establecer sus sedes fiscales por sus beneficios en comparación con otros países de la UE. Las multas millonarias, las advertencias y las investigaciones a los reyes del mundo digital han sido frecuentes como medida disuasoria que, a la vista de la situación, no han servido de mucho.
Por ello, las nuevas medidas buscan establecer límites más estrictos y, sobre todo más claros. También en España donde el Ministerio de Hacienda ya estudia las posibilidades de gravar a las compañías digitales en varios ámbitos.
A falta de un borrador que plasme los cambios, las principales líneas de acción del Gobierno pasarían por atajar la deslocalización fiscal a la que recurren las tecnológicas, buscando la forma de gravar a las compañías por sus ingresos en nuestro país, con independencia del país en donde se establezca.
Pero quizá la iniciativa más polémica sea la de tributar por las transacciones comerciales, es decir, las compañías de cierto tamaño deberán pagar impuestos por cada venta que realicen a través del comercio online.
Una medida que afectaría principalmente a empresas como Amazon y los grandes retailers digitales que tiene como objetivo la protección del pequeño comercio, incapaz de hacer frente a sus nuevos y feroces competidores y que, según el Ejecutivo, se encuentra en inferioridad de condiciones con respecto a sus rivales.
De la misma manera, también se explora la posibilidad de establecer impuestos a las descargas, aunque, este ámbito es todavía pantanoso al carecer de fronteras que delimiten las condiciones.
Aunque todavía queda algún tiempo para que los cambios entren en vigor, previsiblemente a comienzos del año que viene, ya comienzan a surgir dudas sobre cómo afectarán a los consumidores las nuevas imposiciones.
Lo que está claro es que, en un mercado digital sin fronteras, la adaptación es clave y, aunque la necesidad de establecer un marco legal más claro para evitar que las grandes tecnológicas escapen del Fisco era evidente, en un mar de tiburones en el que el más rápido es el que sobrevive (y no necesariamente el más grande), si los peces pequeños deben morir, morirán. Porque la decisión no la toma ni Google, ni Amazon, ni Facebook. El verdugo siempre es el consumidor.
Fuente: Marketing Directo
