Rafael Torres, presidente de CEC: “El comercio minorista no va como un cohete, pero sí tiene en cambio uno apuntando a su línea de flotación y es la reducción de la jornada laboral”

 

El comercio minorista estima que la reducción de la jornada laboral costará al sector hasta 3.866 millones de euros  Rafael Torres, presidente de CEC: “El comercio minorista no va como un cohete, pero sí tiene en cambio uno apuntando a su línea de flotación y es la reducción de la jornada laboral” El pequeño comercio español estima que la reducción de la jornada laboral costará al sector hasta 3.866 millones de euros, según ha señalado hoy el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), a la que pertenece la Agrupación de Comerciantes Segovianos, Rafael Torres, para quien esta medida va a afectar directamente a la competitividad del sector. Torres ha mostrado su preocupación por los efectos que la reducción horaria pueden tener sobre un sector tan estratégico para la economía como es el comercio minorista, formado por 393.287 empresas que representan el 12,3% del total del tejido empresarial a nivel nacional, dan empleo a 1.911.329 personas por cuenta propia y ajena (10% del total) y generan el 4,9% del PIB nacional. En contra de lo que desde el Gobierno central se afirma, “El comercio minorista no va como un cohete, pero sí tiene en cambio uno apuntando a su línea de flotación y es la reducción de la jornada laboral”. En España hay 1.431.974 trabajadores por cuenta ajena en el comercio minorista que verán reducida su jornada laboral en 2,5 horas semanales una vez aprobada la reforma del Gobierno central. Eso supondrá, en conjunto, una reducción de 44,7 millones de horas al año. Estas cifras se refieren a los trabajadores por cuenta ajena y no tienen en cuenta a los 480.000 comerciantes autónomos para los que esta medida tendría otro efecto colateral sobre la conciliación del tiempo de trabajo y personal si desean mantener su capacidad competitiva, dadas las dificultades de contratación de personal cualificado para complementar esas horas. Por otro lado, y en caso de contar con esa capacidad de contratación, supondría un sobrecoste que resultaría inasumible para muchos autónomos y pymes del sector. “Estimamos que el coste laboral total anual para las empresas de comercio minorista española será de 3.866 millones de euros, como consecuencia de la necesidad de suplir las horas reducidas en las posiciones donde no es posible compensarlas”, ha señalado el presidente de CEC. Este coste, que toma como referencia el coste laboral por hora de la última encuesta elaborada por el INE, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, se calcula partiendo del supuesto, totalmente alejado de la realidad, de que las empresas pudieran contratar trabajadores formados para cubrir las horas reducidas, y de que estas empresas poseen el tamaño suficiente para adaptar y gestionar con flexibilidad sus turnos, lo que es muy difícil en el pequeño comercio, dada la estructura de la gran mayoría de las empresas de comercio. Para Torres, hay que tener en cuenta que este es uno de los sectores donde la presencia física de personas en el punto de venta es más necesaria para ofrecer una adecuada atención al cliente que se traduzca en ventas, “afectando por tanto de manera directa a la competitividad y productividad del sector, ampliamente dañada ya debido a los muy escasos márgenes con los que trabaja”. Es crucial conocer que el 46% de las empresas de comercio son unipersonales (autónomos sin asalariados), y casi el 83% tienen hasta 2 trabajadores, siendo más del 95% las que tienen hasta 5 trabajadores. “Este es el tejido comercial que existe en nuestro país, y que correrá un alto riesgo de desaparición si se le aplican unas medidas que solo podrían cumplir su fin en otros sectores y tamaños de empresa, pero jamás en un debilitado comercio de proximidad que da empleo de calidad, vertebra nuestros pueblos y ciudades y es el más sostenible de todos los formatos comerciales”, ha subrayado Torres. Especialmente gravosa resultará esta medida para el cerca de medio millón de trabajadores por cuenta propia, que tras la última reforma de la Seguridad Social referida al régimen de autónomos ha visto encarecidos sus costes, lo que agrava todavía más el problema si ahora se aplica la reducción de jornada Por tanto, un enfoque  realista apunta a que los pequeños comercios, sin capacidad o posibilidad de garantizar la rotación de sus plantillas, “se verán obligados a cerrar 120 horas al año o lo que es lo mismo, 120 horas menos abiertos y por tanto menos venta y más pérdida de competitividad, frente a formatos comerciales más grandes y en especial frente a las grandes plataformas de venta online, a las que no afectaría esta normativa y que sí pueden generar eficiencias por el tamaño de sus plantillas”. Torres ha subrayado también que en 2023 el incremento medio de los costes laborales totales de los comercios minorista españoles ya fue del 5,9%, por encima de la media del conjunto de la economía. “Sin medidas compensatorias que alivien el aumento estimado de los costes laborales, el recorte del tiempo de trabajo restaría en torno a 6 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante el próximo bienio y 8 décimas al del empleo”, ha añadido. Tenemos el ejemplo de las experiencias llevadas a cabo en Francia y Alemania donde un descenso de 40 a 35 horas semanales ha supuesto una mayor rotación laboral sin generar a cambio un aumento significativo del empleo. Esta medida afectará de una manera incluso más grave a las zonas rurales y en la España vaciada, con el consiguiente riesgo de cierres de comercios y perdida aún mayor de un tejido comercial vital para la subsistencia de estas áreas. Bien al contrario, en vez de mayores cargas, estas zonas deberían contar con exenciones impositivas y ayudas directas para la implantación de comercios que favoreciera un imprescindible fortalecimiento de su tejido comercial. Propuestas ante la reforma de la jornada máxima legal Ante este escenario, CEC propone: Políticas para reducir los costes no salariales, como las cotizaciones sociales, e incentivar la cooperación entre empresas y trabajadores, que contribuirá a acentuar los efectos positivos de la reforma, mitigar los negativos y mejorar la posición competitiva de la economía española. Mayor flexibilidad de la jornada laboral base en su cómputo anual, frente al módulo semanal, permitiendo modificar hasta un 10% de la jornada anual con 5 días de antelación y la regulación del contrato a tiempo parcial con horas complementarias, como ocurre en los muchos de los convenios sectoriales negociados en España a través de organizaciones miembro de la Confederación Española de Comercio. Planes de formación continua para promover mejoras en capital humano, que ayuden a mejorar la competitividad e incrementar el valor añadido de los servicios prestados. Fomento de la transformación e inmersión digital del comercio minorista, especialmente el comercio de proximidad, así como la mejora de la gestión y los procesos de venta. Impulsar iniciativas para la atracción del talento, en colaboración con los centros de formación de grado medio y superior y la Universidad, para incorporar tanto a personal formado como a emprendedores al sector. «Es esencial evaluar detalladamente los efectos potenciales de la reducción de la jornada antes de su aprobación, con la participación de los interlocutores sociales en su diseño y ejecución«, concluye Torres.

A lo largo de mi experiencia como letrado me he encontrado en innumerables ocasiones con una situación cuanto menos paradójica y que resumiré a continuación.

La situación en sí consiste en que un cliente me encomienda la reclamación de la deuda contra una empresa a la que vendió a crédito y que de manera inesperada (o eso afirma el acreedor) ha devenido insolvente o incluso ha desaparecido del mercado.

Lo descrito no tendría nada de especial sino fuese porque cuando analizo los informes de solvencia y situación mercantil de la empresa deudora, exactamente los mismos informes que meses atrás utilizó mi cliente para determinar si concedía o no crédito a la empresa en cuestión, me encuentro con datos que mi cliente pasó por alto y que, sin embargo, eran determinantes de la existencia de indicios de la inminente insolvencia o incluso cierre fraudulento de la empresa.

Es decir, el departamento financiero que concedió el crédito y yo nos centramos en datos diferentes de un mismo informe de solvencia y el cliente, al no analizar o pasar por alto estos datos en los que yo me centro, no supo detectar que estaba concediendo crédito a una empresa al borde del abismo.

Pues bien, ello es un claro exponente de que en la gestión de riesgo cliente contamos muchas veces con más información de la que realmente utilizamos. Muchas veces al conceder crédito dejamos escapar o no damos importancia a determinada información que puede ser muy valiosa no sólo a la hora de interponer una demanda de reclamación de cantidad sino también para evitarla. La única diferencia entre uno y otro extremo se encuentra en el momento en que prestamos atención a dicha información, a si lo hacemos antes de conceder crédito o  sólo una vez que el crédito ha resultado impagado.

De este modo, y en concordancia con o que venimos explicando, he comprobado en innumerables ocasiones como el departamento financiero se fija solo en determinados aspectos de los informes mercantiles y de solvencia a la hora de conceder crédito como suelen ser:

 

1. La facturación de la empresa en cuestión.

 

1. Evolución de su nivel de ventas y capacidad de endeudamiento.

 

1. Si la deudora está incluida o no en ficheros de solvencia.

 

1. Si consta en el informe que tenga en curso reclamaciones o incidencias judiciales por impago, criterio este último muy poco fiable pues he podido constatar como algunas empresas ,contra las que yo mismo tengo abiertos varios procedimientos judiciales por impago, aparecen como libres de incidentes judiciales en el informe de solvencia.

Sin embargo, cuando ya se ha producido el impagado, mi cliente me facilita los mismos informes que utilizó para estudiar el riesgo que concedía a la deudora y, al analizarlos, me doy cuenta de en esos informes existen determinadas informaciones que el acreedor no ha considerado importantes pero que, sin embargo, hubiesen servido para detectar que no se podía conceder crédito alguno a la empresa en cuestión porque está en riesgo de insolvencia o incluso de desaparición fraudulenta.

En la mayoría de los casos los datos que los departamentos financieros pasan por alto serían los siguientes:

1. EXISTENCIA DE CAUSA DE DISOLUCIÓN EN LAS CUENTAS ANUALES:

 

Para saber si existe causa de disolución solo tenemos que analizar las últimas cuentas anuales presentadas por la empresa en cuestión.

 

Tenemos que fijarnos en la página que recoge el balance abreviado y coger los datos de la casilla A –I) Fondos propios y los de la casilla I – 1) Capital escriturado.

Si los fondos propios resultan ser iguales o inferiores a ½ del capital social escriturado la empresa se encuentra en causa legal de disolución provocada por la existencia de pérdidas contables,   lo que determinaría   que esa sociedad no debería estar operando en el mercado a no ser que  podamos ver en su información mercantil que, dentro de los 2 meses posteriores a la elaboración de las cuentas anuales se convocó junta acordando el correspondiente aumento o reducción de capital necesario para subsanar la causa de disolución.

 

Si no es así no deberíamos conceder crédito a la empresa pues legalmente debería estar en disolución o concurso y, por tanto, lo más probable es que no pueda hacer frente al crédito que le estamos concediendo.

 

FALTA DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES:

 

Son muchos los casos en los que si analizamos la información mercantil de una empresa podemos ver que sus últimas cuentas presentadas son, por poner un ejemplo, del año 2021 y en ellas no hay causa de disolución. Sin embargo, y a pesar de que ya tendrían que estar depositadas las de 2022 no aparecen en el Registro.

 

Hay que tener en cuenta que seguir concediéndole crédito es temerario en esta situación. Aun cuando estuviesen presentadas las de 2022 ya corremos riesgo porque estamos concediendo crédito en base a la situación de la empresa hace dos años casi, que no tiene por qué ser fiel reflejo de su actual situación.

Pero, si además de esto ni siquiera tenemos las de 2022 porque no han sido presentadas lo más probable es que esa empresa esté incursa en causa de disolución y no presente las cuentas del ejercicio para ocultarlo a los futuros acreedores.

 

En mi opinión, el hecho de que no aparezcan las últimas cuentas en el Registro Mercantil no tiene por qué ser causa directa de denegación del crédito  pero, al menos, debe dar lugar a explicaciones de por qué no están presentadas, exhibición de las últimas cuentas aprobadas y demás datos que nos hagan llegar al convencimiento de que la situación actual de la empresa no es la de insolvencia absoluta.

 

Es algo lógico, si lo pensamos, ningún banco nos concedería un crédito a título particular basándose en una nómina nuestra de hace 2 años. Nos pediría las nóminas más recientes o, al menos, una explicación convincente de nuestra solvencia actual.

 

 

EXISTENCIA DE DEUDAS CON HACIENDA Y TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

 

Muchas veces las cuentas anuales no reflejan la situación actual de la potencial deudora, unas veces porque la situación ha empeorado desde el último ejercicio presentado, otras veces porque fueron debidamente “maquilladas”.

 

Sin embargo, en la mayoría de los informes de solvencia, y en los propios Boletines Oficiales que pueden consultarse online , podemos comprobar fácilmente si existen procedimientos ejecutivos o de apremio contra la empresa por deudas reclamadas por la A.E.A.T. o la  Hacienda o Seguridad Social.

 

Hemos de tener en cuenta que el impago, sin negociación o aplazamiento, de 3 o más cuotas consecutivas de las obligaciones con Hacienda o Seguridad Social constituye causa suficiente para declarar a la empresa en concurso de acreedores.

 

Este es un dato fácil de constatar y cuya observancia puede evitar conceder crédito a una empresa al borde del concurso de acreedores.

CAMBIOS DE DOMICILIO Y CONTACTO:

 

El cambio de domicilio es un indicativo importante a la hora de conceder crédito. No siempre es un aviso de la mala marcha del negocio  pero si es, siempre, un dato que debemos detectar y guardar en el expediente por si se diese el caso.

 

Controlar este tipo de cambios es muy útil para mantener actualizada nuestra información sobre el deudor y su evolución económica con el fin de poder ir modificando su límite de compra a crédito en proporción a su situación de facto.

 

Así evitamos que nuestro cliente tenga un límite de crédito que no se corresponda con su verdadera capacidad de pago, situación que ocurre muy a menudo en la práctica, sobre todo en el caso de clientes históricos en los que normalmente se produce lo siguiente:

 

• Un cliente, generalmente solvente y fiel desde hace años, pidió comprar a crédito al inicio de la relación, por poner un ejemplo hace 10 años y se le concedió un límite de crédito imaginemos que de 5.000 euros mensuales.
• Durante los primeros años de relación, a medida que iba comprando más y ante el cumplimiento puntual de los pagos ese límite fue aumentando hasta 45.000 euros mensuales, por ejemplo.
• Sin embargo, desde ese momento, dado que es un cliente de confianza y siempre ha atendido los pagos no volvemos a revisar su limite de crédito que lleva años en esa cifra sin variar.

 

 

Esta situación, muy habitual, realmente supone la concesión de un límite de crédito no acorde a la marcha de la empresa deudora y aumenta el riesgo de no poder recobrar nuestro crédito ya que, aunque no ha impagado, estamos concediendo crédito a una empresa en base a su capacidad o situación en 2014, que no tiene por qué ser la de ahora. Pensemos, por ejemplo, en la situación que alguna de las grandes empresas multinacionales que han declarado en concurso el último año tenían en 2014 y la  insolvencia que no les permite afrontar sus pagos ahora.

 

Si atendemos a los cambios de domicilios, cierres de sucursales y variaciones similares nos podemos ir haciendo una idea de cómo va evolucionando, si disminuye o aumenta su actividad.

Resulta, también, de vital importancia a la hora de la reclamación judicial, llegado el caso tener perfectamente identificado el lugar dónde localizar a la deudora. Así, por ejemplo, si queremos acudir a la vía del procedimiento monitorio, el más rápido para cobrar deudas, ha de interponerse en el Partido Judicial en el que la deudora “pueda ser hallada”, no en el domicilio que aparezca en el Registro Mercantil.

 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE LOS ÓRGANOS SOCIALES:

 

Hemos de atender también a los cambios de órganos sociales. Si se produce de repente un cambio drástico de administradores o miembros del consejo, removiendo a cargos históricos o vinculados a la compañía desde hace años hemos de estar alerta.

 

No tiene por qué ser determinante este extremo de una denegación del crédito pero hay que tener en cuenta que si de repente aparece un nuevo administrador o consejo que nada tiene que ver históricamente con la sociedad debemos indagar. No deja de ser extraño que una empresa que ha sido administrada siempre por dos hermanos de repente refleje el cese de ambos y el nombramiento de un nuevo gestor que nada tiene que ver con la sociedad hasta esa fecha.

 

Cuando esto ocurre resulta que la mayor parte de las veces, si nos informamos sobre los nuevos administradores o consejeros podemos ver que se trata de personas que son administradores de un sinfín de empresas a su cargo, con los más variopintos objetos sociales y dispersas por toda la geografía nacional.

 

Estaremos en estos casos, lo más probable, ante la figura vulgarmente conocida como el “testaferro” u “hombre de paja”, ante movimientos preparatorios de una descapitalización y desaparición de la sociedad por las vías de hecho y en fraude de los acreedores.

 

 

CAMBIOS RELEVANTES QUE DETECTAMOS EN NUESTRA GESTIÓN DIARIA CON EL CLIENTE.

 

Entre estos cambios, además de nuevos domicilios o números de teléfono hay uno de especial importancia que es el de la entrada en juego de una nueva cuenta bancaria.

Suele producirse que se empiezan a desatender facturas puntuales y posteriormente el propio deudor llama para abonarlas y lo hace mediante un ingreso desde una cuenta bancaria distinta a la que utiliza desde hace años para pagar nuestras facturas.

 

Este es un dato relevante pues suele implicar que el deudor necesita seleccionar a quien paga y a quien no, no tiene dinero para saldar todas las deudas y devuelve todas las facturas (pues en su cuenta habitual es el orden de llegada de los cargos quien decide el orden de cobro) y después desde otra cuenta selecciona cuáles son las deudas que inexorablemente debe atender si quiere continuar con su actividad.

 

Por tanto, es un indicativo de que la empresa a la que vamos a conceder crédito está en problemas financieros.

 

De lo expuesto se deduce que hay muchos factores que son fácilmente detectables y que nos permiten anticiparnos a situaciones de insolvencia de nuestro potencial deudor.

 

Como dice el viejo dicho “más vale prevenir que curar” y en este caso prevenir es más sencillo de lo que parece, basta con analizar la información de que disponemos y, sobre todo, tener actualizada esa información en todo momento, ser el primero en detectar los cambios o defectos a los que hemos hecho referencia supone una ventaja impagable a la hora de evitar la concesión de crédito a sociedades que, en el momento de pedirlo, ya están abocadas a impagarlo.

 

      Gonzalo Quiroga Sardi

Comisión de Insolvencia y  Morosidad ASSET

Socio Director Quiroga & Asociados Abogados

Más información sobre Gonzalo Quiroga Sardi: https://www.quirogayasociados.es/

 

 

Adolfo Sainz, presidente de CONFERCO, agradeció ayer al Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, su preocupación por la situación del comercio rural, plasmada en la resolución publicada por la Institución en 2023. En la reunión con el defensor del pueblo castellano y leonés, Sainz estuvo acompañado por Fernando Tejerina, vicepresidente de la Confederación, Octavio Fernández, presidente de la Asociación León es Comercio y vocal de CONFERCO y Miguel Soria, secretario de la Confederación de Comercio.

La delegación de empresarios constató la preocupación del Procurador del Común por el cierre de los pequeños comercios en el área rural, que dificulta el abastecimiento de productos de primera necesidad a la población. “Es sumamente importante que una institución tan significativa como la del Procurador del Común visibilice uno de los gravísimos problemas que CONFERCO lleva denunciando años, como es el desabastecimiento en el mundo rural y aporte posibles soluciones e ideas para garantizar su continuidad”, aseguró Sainz tras el encuentro.

La delegación de Comercio entregó a Quintana López el Documento de posición de la CONFEDERACIÓN que recoge también la complicada realidad del comercio urbano, además del ubicado en los pueblos. “Hemos trasladado al Procurador la preocupante situación del pequeño comercio desde hace 10 años con pérdida generalizada de negocios, la baja rentabilidad, la falta de relevo y la desaparición de la tienda y del modelo comercial mediterráneo”, explica el presidente de CONFERCO, que también departió con Quintana López sobre “cómo la despoblación y el envejecimiento de la población han acelerado en Castilla y León la pérdida del pequeño comercio y de lo que está suponiendo para las ciudades y pueblos”. En el encuentro se abordaron otros aspectos de actualidad sobre el sector, como la turistificación de los centros urbanos en detrimento de los ejes comerciales, con lo que esto supone en cuanto a pérdida de identidad y personalidad de las ciudades.

CONFERCO pertenece a CEOE Castilla y León y está formada por León es Comercio, de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), por la Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (AESCO), por la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos (FEC Burgos) y la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria).  Además, pertenecen a CONFERCO la Federación del Comercio Palentino (FECOPA), la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS Segovia), la Federación Abulense de Empresarios de Comercio (FAEC), la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio (AZECO) y la Agrupación Vallisoletana de Comercio (AVADECO).

Fuente: CONFERCO.

La Agrupación de Comerciantes Segovianos y la Confederación Española de Asociaciones de Comerciantes de Cascos Históricos de España (COCAHI), trabajan con el Gobierno para Conseguir que la ONU declare el «Día Internacional de los Cascos Históricos»

 

La Agrupación de Comerciantes Segovianos y las asociaciones de comerciantes y empresarios que conforman la Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI) celebrará el domingo 5 de mayo el «DÍA DE LOS CASCOS Y ZONAS HISTÓRICAS DE ESPAÑA – LA MADRE DE TODAS LAS CIUDADES», tal y como viene realizando desde hace siete años con el objetivo de resaltar la labor que llevan a cabo en estos centros de ciudad los comerciantes y empresarios de nuestro País.

 

Como viene siendo ya tradición, la Agrupación de Comerciantes Segovianos y las asociaciones de comerciantes y empresarios que componen COCAHI promulgan sus argumentos en defensa de los Cascos Viejos / Históricos con el siguiente contenido:

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS CASCOS VIEJOS / HISTÓRICOS

 

Las ciudades desde sus inicios, cuando se crearon alrededor de los primigenios mercados, han sido y seguirán siendo lugar de comercio y libertad. Y dentro de las ciudades son sus Centros Históricos el escaparate de estas, el lugar que la representa, es el gran espacio público en el que resulta posible el encuentro y contacto entre todos los ciudadanos.

 

Los Centros Históricos son los aglutinadores de todo lo que acontece en la ciudad; donde se generan las ideas, donde desde su inicio se ubica el comercio, donde patrimonio y cultura conviven. Pero también es cierto que en ocasiones se está produciendo un deterioro por un uso indebido de estos espacios públicos, sin que haya un retorno de los beneficios que en los mismos se generan. También se está produciendo una paulatina y peligrosa tematización de los mismos, además de una clonificación comercial y hostelera, con la consiguiente pérdida de identidad y por tanto de capacidad de atractivo.

 

Por todo ello y teniendo en cuenta la importancia y significado de los Cascos  Históricos y a veces la poca consideración o dejación en su mantenimiento y conservación, es por lo que desde la Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI) planteamos:

 

1.- Que los gobiernos locales pongan énfasis en un desarrollo integrado de los Casco Viejos, Centros Históricos donde se busquen sinergias entre las distintas ordenanzas que rigen las actuaciones en dichos espacios.

 

2.- Potenciar la cooperación entre los distintos agentes que trabajan, viven, visitan o acuden a los Cascos Viejos, centros históricos, en la búsqueda de un modelo de convivencia productiva.

 

3.- Incentivar el desarrollo de modelos innovadores de participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas que afectan a los Cascos Viejos / Históricos.

 

4.- Poner los medios necesarios, públicos y privados, que posibiliten la captación de aquellas oportunidades, urbanísticas, económicas, sociales y culturales que impulsen y modernicen estos espacios urbanos.

 

5.- Disponer de la capacidad de afrontar los desafíos que se plantean en los Cascos Viejos / Históricos en cuanto a la preservación de sus singularidades arquitectónicas, culturales, comerciales y de ocio.

 

6.- Aumentar y potenciar el uso responsable del espacio público por parte de todos los usuarios de este.

 

7.- Trabajar para mejorar la accesibilidad a los Cascos Viejos / Históricos, Se deberían, además, aplicar medidas que favoreciesen la accesibilidad al Centro de la Ciudad, armonizando los distintos tipos de transporte, ya sean públicos como privados, incentivando su accesibilidad, sostenibilidad.

 

8.- Apostar por un consumo sostenible, primando la adquisición de productos locales y artesanos.

 

9.- Lograr la consecución de unos Centros Históricos con una alta carga residencial para uso y disfrute de los propios ciudadanos.

 

10.- Señalización del Casco Histórico, pues cualquier visitante lo primero que busca es el Centro Histórico de la Ciudad, rutas, placas nuevas con la señalización del Centro Histórico, etc. Es importante reflejar en las calles urbanas los hitos históricos y explicar la evolución de la ciudad de forma que, silenciosamente, esté poniendo en valor dichos espacios y mostrando como han evolucionado la ciudad, los usos de los espacios y sus ciudadanos.

 

11.- En definitiva, promover un cambio de paradigma urbano, que debe adoptar enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles e integrados, centrados en las personas, mediante la aplicación de políticas integradas.

 

Por todo lo anterior desde la AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES SEGOVIANOS y COCAHI trabajamos, entre otras cuestiones, para que sea declarado por la ONU, un Día Mundial de los Centros Históricos, con el lema “Cascos Viejos y Zonas Históricas, la Madre de todas las Ciudades”.

 

La Confederación de Comercio de Castilla y León (CONFERCO), a la que pertenece la Agrupación de Comerciantes Segovianos, confía en la próxima Estrategia de Comercio sobre la que trabaja la Junta de Castilla y León para conseguir el impulso que necesitan los negocios castellano y leoneses, que siguen registrando preocupantes valores en el Índice de Comercio al por Menor (ICM) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

Según el último ICM, las ventas disminuyeron en la Comunidad en marzo con respecto al año pasado. Una vez más, las cifras se encuentran por debajo de la media nacional y sitúan a Castilla y León entre las comunidades autónomas en las que más descienden las ventas, con una reducción del 2.2% sobre las registradas en marzo del año pasado.

 

Los malos resultados de marzo se extienden a abril, según los comercios asociados a CONFERCO, que coinciden en que el mal tiempo ha hecho que las tiendas de equipamiento de la persona (textil y calzado) no hayan sacado la ropa de la campaña de primavera y que se pueda llegar a perder.

En opinión de CONFERCO, el comercio está acusando la bajada de la renta disponible de las familias que está afectando al consumo. Se han disparado los gastos de los que el ciudadano no puede prescindir, como los de la cesta de la compra, la hipoteca, la gasolina, y los impuestos, y el consumidor los está detrayendo de las compras de ropa, calzado, electrodomésticos o mejoras en el hogar.

A esto se suma el cambio de tendencia que se observa desde la pandemia. Los hogares han aumentado el presupuesto que destinan a ocio, viajes, restaurantes y hoteles.

A la caída de las ventas se suma el aumento de los costes de los negocios debido a la inflación y el aumento de los impuestos y cotizaciones sociales.

La situación se agrava en Castilla y León con la despoblación y el envejecimiento de la población, que lastra el consumo. CONFERCO viene reclamando desde hace tiempo medidas a la administración para dar respuesta a este grave problema.

CONFERCO se mantiene a la expectativa de que se apruebe la estrategia de comercio de la Castilla y León, que ya se encuentra en tramitación, para comenzar a trabajar en mejorar la competitividad de los pequeños comercios de Castilla y León en aspectos como la innovación, la digitalización y la mejora de la gestión, así como el apoyo a las inversiones y a la promoción.

 

Desde CONFERCO reclamamos también el papel de las organizaciones de comercio, por nuestra capilaridad y nuestra cercanía con los comerciantes, como fórmula idónea para que todas estas medidas de apoyo lleguen al pequeño comercio.

La Confederación de Comercio de Castilla y León (CONFERCO) integra a las nueve organizaciones que representan al sector de las nueve provincias de la Comunidad.

CONFERCO pertenece a CEOE Castilla y León y está formada por León es Comercio, de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), por la Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (AESCO), por la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos (FEC Burgos) y la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria).

 

Además, pertenecen a CONFERCO la Federación del Comercio Palentino (FECOPA), la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS Segovia), la Federación Abulense de Empresarios de Comercio (FAEC), la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio (AZECO) y la Agrupación Vallisoletana de Comercio (AVADECO).