Francia se plantea prohibir el Black Friday y el Ciber Monday.
Las protestas contra el Black Friday de los pequeños comercios franceses ha obligado a la clase política a cuestionase limitar esta campaña. La Asamblea Nacional debatirá el próximo 9 de diciembre penar con hasta dos años de prisión y multas de 300.000 euros la promoción tanto del Black Friday como del Ciber Monday.
Era cuestión de tiempo que la fiebre desmedida derivada del Black Friday explotase. El año pasado sólo se sumó el 35% del comercio minorista en España y todavía no hay datos de los que se han apuntado este año pero parece que la tendencia será parecida. Y es que, como bien explica Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), estas macrocampañas de descuentos no benefician en nada al pequeño comercio; que solo es capaz de ser un mero observador de los beneficios de las grandes corporaciones. El mejor arma que tienen estos autónomos, tal y como asegura Campo, es no sumarse a este juego.
Francia ha ido un paso más allá, la Asamblea gala pretende ilegalizar de ahora en adelante todas las campañas promocionales del Black Friday gracias a una enmienda legal aprobada en la madrugada del pasado martes. Una comisión parlamentaria compuesta por diputados de distintas orientaciones políticas introdujo un proyecto de ley para prohibir cualquier tipo de publicidad de esta campaña. Esta movilización viene de manos de Delphine Batho, exministra francesa que ahora milita entre las filas del partido Génération Écologie, que reivindicó que ese evento comercial supone «un desastre ambiental y un desperdicio de recursos».
Promocionar el Black Friday puede suponer una pena de hasta 2 años
Delphine Batho consiguió que la Comisión de Desarrollo Sostenible del legislativo francés incorporase una enmienda al proyecto de Ley 2274, contra el Derroche y por la Economía Circular; por la que las campañas promocionales del Black Friday y Cyber Monday pasan a considerarse «prácticas comerciales agresivas», pudiendo llegar a ser penadas con hasta dos años de prisión y multas de hasta 300.000 euros. Según el texto, este tipo de campañas son «una práctica comercial que contribuye a desperdiciar recursos», «una gran operación de glorificación del consumismo, importada desde los Estados Unidos en 2013», usada como excusa «para eludir de forma manifiesta la normativa que regula las ventas».
Además, tal y como aseguran los datos la asociación de consumidores UFC-Que Choisir, en estas fechas los precios desciende de media menos del 2%; por lo que, en última instancia, no dejan de considerarse «una estafa». Y es que, según reza el texto de esta enmienda, «además de su desastroso historial medioambiental, el Black Friday se basa en comunicaciones engañosas a los consumidores en las que les hacen creer que se están beneficiando de reducciones de precios considerables».
Elisabeth Borne, del partido de Emmanuel Macron, atribuye al Black Friday la gestación de atascos masivos, así como el aumento de la contaminación y las emisiones. Sin embargo, del mismo modo que ocurre en España, esta enmienda todavía no supone la desaparición de estas prácticas abusivas; el pleno de la Asamblea Nacional tendrá que debatir y votar el próximo día 9 de diciembre el futuro de esta norma para que posteriormente se apruebe en el Senado.
A esta protesta también se sumo la población civil, un centenar de activistas se congregaron frente a un centro de distribución de Amazon en Bretigny-sur-Orge durante la jornada del viernes. Bajo el lema ‘Block (bloquear) Friday’, trataron de dinamitar la campaña denunciando la precariedad laboral de las grandes corporaciones y la huella medioambiental del consumismo.
Fuente: Autónomos y Empresarios
