26 de abril de 2013. Tras el Consejo de Ministros, comparecieron cariacontecidos la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el ministro de Economía, Luis de Guindos. Con la imagen de esos tres semblantes adustos, el Gobierno escenificó en esa rueda de prensa una suerte de funeral de la economía española. Presionados por Bruselas, tenían que recortar el déficit público en unos 25.000 millones en cuestión de meses. De llevar a cabo semejante ajuste, la recuperación se habría hecho imposible. Y eso lo plasmó entonces el Ejecutivo en unas previsiones desalentadoras: la economía no lograría crecer por encima del 1% hasta tres años más tarde, en 2016. El FMI y la Comisión Europea corroboraron esos pronósticos. El drama parecía no tener fin tras seis años de crisis. Por aquel entonces ya se había desplomado casi un 10% del PIB. Era el punto más bajo de la crisis. En las siguientes encuestas, cundió el desánimo y la intención de voto al PP se hundió.

En 2009, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero había intentado responder al desplome de la economía con una expansión del gasto público, aprovechándose de una deuda todavía baja. Pero el incremento del gasto disparó las alarmas en los mercados y, por ende, en la prima de riesgo. Los inversores no estaban dispuestos a financiar una deuda que crecía como una bola de nieve. Aunque Zapatero acabó tomando medidas para reconducir las cuentas, las comunidades siguieron gastando como si no hubiera mañana. El déficit se hacía insostenible. Pero desde 2013 en adelante, el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo una ventaja de la que no disfrutó Zapatero. “De la prima de riesgo se pasó al primo de Zumosol, el presidente del BCE, Mario Draghi”, comenta con sorna el economista José Carlos Díez.

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Conforme la intervención de Draghi obraba maravillas sobre una prima de riesgo a la baja, el recorte presupuestario se pospuso con la vista puesta en las elecciones de 2015: el ajuste de personal de las Administraciones iniciado en 2012 se frena en la recta final de 2013. Se restablece la paga extra de los funcionarios, que pone en circulación 4.000 millones. Y se aprueba un nuevo plan de pago a proveedores que inyecta unos 13.000 millones a la economía. Durante los años siguientes, el Ejecutivo aprueba una serie de rebajas de impuestos con tintes electoralistas que impiden embridar el déficit. Según la Agencia Tributaria, la rebaja pone cerca de 12.000 millones en los bolsillos de contribuyentes y empresas. Por eso, todavía hoy el déficit de España continúa por encima del de cualquier otro país de la zona euro.

Y ese impulso fiscal se ve espoleado por tres vientos de cola. La inseguridad de los destinos competidores en el Mediterráneo lleva al turismo español hacia cifras récord. La prima de riesgo se ve secuestrada por la intervención del BCE y deja de ser un indicador de riesgo. Los tipos negativos hunden el euríbor, lo que con las hipotecas en tipos variables supone un ahorro para las familias de unos 40.000 millones solo en 2016 frente a lo que pagaron en 2008, según el INE. Y el precio del crudo desciende hasta el punto de que, según cifras de Comercio, brinda un ahorro en la factura energética de unos 40.000 millones entre 2015 y 2016.

Y luego están las reformas del Gobierno: “Las empresas tienen cuatro costes en su escandallo: el laboral, el fiscal, el financiero y el energético. Se puede criticar que lo hayamos hecho peor o mejor, pero hemos aprobado cuatro reformas que atacan esos costes”, reiteraba en los foros empresariales Álvaro Nadal, a la sazón jefe de la oficina económica de Moncloa y ahora ministro de Energía.

Desde la entrada del euro hasta 2008, la economía había perdido un 20% de su competitividad, según cálculos del Banco de España. Es decir, había que recuperarla desesperadamente. Antes se recurría a devaluaciones de la peseta. O lo que es lo mismo, se ganaba competitividad a costa de la capacidad adquisitiva. Pero en esta crisis no había moneda propia y la forma ideal de recuperarla consistía en aumentar la productividad. Solo que eso tardaba tiempo. Así que en 2008 solo quedó rebajar costes y precios. Y lo más fácil de recortar fue el empleo. En un primer momento, se optó por despedir sin tocar los sueldos. Lo cual resultó, según relata el Banco de España en su informe anual del año pasado, en un empeoramiento de la recesión. A partir de 2012, las empresas empezaron a acometer el ajuste por la vía de los salarios, en parte gracias a las facilidades que les concedía la reforma laboral y la contención salarial promovida por el acuerdo entre patronal y sindicatos. En ese contexto, la flexibilidad contribuyó a preservar puestos de trabajo, señala el supervisor.

Contención salarial

A su vez, esa contención de los costes laborales permitió poco a poco exportar más, atraer la inversión y, por tanto, contratar más. Como indica el Banco de España, aunque los salarios fuesen más bajos, al haber en la unidad familiar más personas trabajando se propició una mejora del consumo. Y en cuanto se perdió el miedo a quedarse sin trabajo, la demanda que estaba embalsada en ahorros se disparó de nuevo.

Y así llega la recuperación. Ahora el PIB ha restablecido los niveles perdidos de 2008. Sin embargo, el descontento persiste. Y en los números se puede explicar una parte de ese malestar. En primer lugar, se está produciendo lo mismo con 1,9 millones de empleos menos. Eso supone una ganancia de competitividad brutal. Pero mucha gente se ha quedado fuera. Según un estudio de BBVA Research, el 80% de la desigualdad generada se debe al desempleo.

Y eso se traduce en que las rentas del trabajo han perdido su peso en el PIB. En 2008 representaban el 50%, frente al 41,3% de las empresas y el 8,8% de impuestos. Con datos del primer trimestre de 2017, el reparto es del 46,9% para los asalariados, el 42,8% para las empresas y el 10,2% para los impuestos. Estas cifras hay que tratarlas con cautela, pues las rentas empresariales incluyen a los autónomos o la imputación de alquileres. Y esos impuestos son los indirectos. Pero en cualquier caso se vislumbra un patrón: “En gran parte debido a que el empleo no se ha recuperado, se observa una transferencia de la remuneración de los asalariados a los excedentes de las empresas”, subraya el analista José Domingo Roselló.

Pero el ajuste no llegó solo por el recorte de puestos de trabajo. También tocó los sueldos. “El coste energético bajó por el petróleo. Los costes financieros por Draghi. En realidad, el Gobierno solo tuvo mano para presionar sobre los costes laborales. De dos formas: legisló para que fuera más fácil y barato despedir y, por otro lado, facilitó bajar los salarios. Y el miedo al desempleo hizo el resto”, razona Carlos Martín, director del gabinete económico de CC OO.

Aunque con datos hasta 2014, el Índice de Precios del Trabajo del INE analiza una misma cesta de empleos durante la crisis. Y los resultados desvelan que, una vez descontada la inflación, la pérdida de poder de compra alcanzó el 9% entre 2008 y 2014.

Y si esas menores rentas se distribuyen per cápita, la renta disponible resulta todavía menor. El PIB per cápita no se recuperará hasta finales de 2017 o principios de 2018, según predicciones de BBVA. Y la renta disponible per cápita todavía tardará más. Todo ello se traduce en que los ciudadanos están consumiendo ahora menos que en 2008. Como argumenta el catedrático Jesús Fernández-Villaverde en el blog Nada es Gratis, la producción no es igual a la demanda. Es decir, aunque se ha recobrado la producción, hay una parte que se exporta y no se consume en España. Lo que contribuye a que no se sienta el mismo grado de bienestar. “Si el PIB era 100 en 2008, la demanda entonces era el 109,6%, y eso generaba un déficit con el exterior del 9,6% del PIB. En cambio, ahora la demanda es el 97,9%. El consumo es mucho menor. Antes el consumo y la inversión de los hogares no se correspondían con lo que se producía y eso se pagaba con cargo a deuda”, explica el economista de BBVA Rafael Doménech.

El otro motivo de que la recuperación no se note tanto radica en cómo se distribuye esta, es decir, la desigualdad. En general, los expertos señalan la polarización que existe en el mercado de trabajo entre los que han mantenido el empleo y los que lo perdieron. “Los que se mueven pierden sueldo al haberse quedado sin ocupación y empezar una nueva. Ahí reside el grueso de la devaluación”, sostiene José Ignacio García Pérez, de la Universidad Pablo de Olavide.

Y diversas estadísticas confirman este hecho: aunque el índice Gini que mide la desigualdad ha mejorado muy levemente gracias al incremento del empleo, si se analiza el Gini exclusivamente de los asalariados, se detecta que la desigualdad sigue ampliándose con datos de 2015. En esta misma línea, según la Encuesta de Estructura Salarial del INE, en 2015 los grupos menores de 40 años cobraron menos que un año antes. Por el contrario, para los mayores de esa edad las retribuciones medias subieron o se mantuvieron. Y en los últimos datos del INE publicados el pasado viernes, el salario bruto medio de 2016 retrocedió un 0,3%. Y la explicación se halla una vez más en el efecto composición: los que entran tienen salarios más bajos que los que se jubilan. De lo que se deduce que hay una importante brecha generacional.

La formación, clave

La desigualdad se halla también en las condiciones de los contratos. El 60% del empleo generado en la recuperación es temporal. Y el número de contratos mensuales alcanza cotas récord, lo que significa que hay mucha más rotación en el trabajo. “Otro elemento de precarización es el abuso del tiempo parcial no deseado”, concluye el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura.

Además, se percibe mucha polarización según el nivel de estudios. Pese a que el empleo crece más en la hostelería, un informe de María Jesús Fernández de Funcas revela que la ocupación de mayor formación ha generado el 58% del empleo. De ahí que no se pueda decir que todo el empleo nuevo sea de mala calidad. El problema estriba en que entre 2014 y 2016 solo el 11% de los puestos creados han sido ocupados por trabajadores con formación baja, entendida como inferior a la secundaria. Y ello a pesar de que este tipo de mano de obra supone el 38% de la población activa. Así que la formación desempeña un papel decisivo en la desigualdad, en un contexto en el que la tecnología reduce el empleo poco cualificado y aumenta el cualificado.

Otro factor que explica el descontento es la inflación. Con esta existía la ilusión de que los sueldos subían aunque perdiesen capacidad adquisitiva. Desde ahora, los salarios podrán subir, pero vigilando la evolución de los países competidores si no queremos repetir los errores del pasado, señalan los expertos.